La intención del legislador fue establecer un trato más severo para el conductor ebrio que causa resultados graves, como es el caso de la muerte o lesiones graves gravísimas de sus víctimas, y precisamente por ello deja vedado al tribunal la posibilidad de tomar en consideración lo dispuesto en los artículos 67, 68 y 68 bis del Código Penal en dichos eventos.
Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, lo que infringe el artículo 297 del Código Procesal Penal, en cuanto el tribunal no puede contradecir los principios de la lógica para alcanzar las conclusiones fácticas de la sentencia.
El delito de robo con homicidio requiere para su configuración la concurrencia de dos injustos distintos, a saber, uno contra la propiedad (robo) y otro contra la vida (homicidio), los que al concurrir en un caso específico forman un todo indivisible que origina un nuevo ilícito, cuyas características propias dan cuenta de una sustracción agravada por el hecho de dar muerte a la víctima, ya sea para facilitar la primera o para lograr su impunidad.
Pretender que sólo se pueda condenar por un delito cuando se cuenta con prueba adicional a la testimonial (imágenes, videos, etc.) supone dejar sin castigo múltiples hipótesis delictivas en las que se tiene la convicción racional y fundada de participación culpable con el conjunto de la prueba testimonial y de otra indiciaria.
No es efectivo que la sola circunstancia de conducir un vehículo robado sea el medio necesario para cometer el delito de conducir con placa patente falsa.
La prueba ha sido consistente, de apreciación directa y objetiva en el caso de las filmaciones aludidas, de las que es posible observar directamente el obrar del encartado, corroborada con el resto de la prueba documental, material, pericial y testimonial incorporada al juicio, la que en su conjunto ilustraron al tribunal sobre la dinámica y consecuencia de los hechos, logrando la determinación de estos más allá de toda duda razonable.
El tribunal de mérito, para desestimar la declaración de la testigo, no sólo considera el vínculo sentimental que mantiene con el acusado -de quien es cónyuge y tiene un hijo en común-, y su dependencia económica, sino además, tiene presente que la declaración de la testigo es opuesta a toda la prueba de cargo rendida por la fiscalía, por lo que no se aprecian los sesgos que el recurrente propone en su recurso.
La prueba producida se torna incapaz de explicar todos los extremos de la imputación que se leen de la acusación fiscal, pues ella no aporta corroboración a la hipótesis de la autoría del delito de lesiones que se imputa a los encartados y, consecuencialmente, ello impide acreditar que los hechos acaecieron del modo indicado en la acusación.
No es efectivo que la aplicación de la letra h) del artículo 19 de la Ley Nº20.000, afecte el non bis in ídem, puesto que la comisión del ilícito por una persona privada de libertad no es inherente a la conducta típica que sanciona la norma, cual es, traficar al interior de un recinto penal.
El análisis parcial de la prueba rendida para dar por acreditados los hechos, configura el vicio de nulidad formal previsto en el artículo 768 N°5 del Código de Procedimiento Civil.
Si no consta ese conocimiento de los hechos que constituyen la acusación y que son los mismos que se tuvieron por establecidos, mal se le puede atribuir al imputado el dolo o malicia que exige la norma. El dolo, elemento subjetivo del tipo, no puede faltar y, en consecuencia, si no se acreditó la malicia, no queda más que absolver al acusado.
